Esta petición es muy necesaria dado que, los citados operadores jurídicos españoles, han convertido nuestra Administración de Justicia en algo así como su finca particular, donde todo fraude procesal y abuso al justiciable se lo autopermiten. Ello lo llevan a cabo mediante una gran orgía corporativa de obstrucción procesal, falsedades, prevaricaciones y encubrimientos de compañeros de toga. Para ello se valen, primero de que los abogados y procuradores (pese a que tienen el abusivo monopolio de la defensa y representación procesal) no firman nada contra compañeros de toga y, segundo, de que aunque alguno se atreviera a firmarlo los jueces, magistrados y secretarios judiciales lo obstruyen y no tramitan o archivan el asunto, con el consentimiento del Ministerio Fiscal.
Para colmo el Tribunal Consitucional no cumple sus fines, dado que sólo un 7 u 8% de los recursos de amparo que se interponen ante el mismo es admitido a trámite y, de los admitidos, sólo otorga amparo en un porcentaje infimo. Ello pese al gasto que supone mantener dicho Tribunal y las costas que hay que pagar a abogados y procuradores para interponer dichos recursos. En fin, una gran farsa corporativa y mercantilista. Y si algúnjusticiable insiste en denunciar o demandar sobre tales abusos y fraudes, simplemente, por medio del Fiscal que corresponda, le instan un proceso de incapacitación para que no pueda continuar con su defensa procesal (dado que lo consideran un loco, igual que ocurría en la Unión Soviética en los años 70, donde al crítico lo trataban como enfermo mental). Mientras a los citados corporativos operadores jurídicos, por sus abusos y fraudes procesales criminales, no los pueda enjuiciar el Tribunal del Jurado y sin excesivo formalismo poder denunciar o demandar ante el mismo, la Justicia española no la arregla nadie, ello pese al daño que está causando a los justiciables españoles, dado que es lenta (hay procesos que pueden tardar casi 20 años en resolverse y, los que se resuelven, si al juez que corresponda la viene en gana no ejecuta la sentencia con total impunidad), costosa, obstructiva, insegura, corporativa, mercantilista, elitista, irresponsable sus miembros, alejada de la realidad social y hasta vengativa si denuncias o demandas por sus fraudes criminales citados. etc.. Nos remitimos al crimen de Estado que se ha tenido que denunciar en internet, en la web "Abusos.i2p.to" Abusos Judiciales en España, Incapacitación fraudulenta en Elche.
Estas opiniones críticas están respaldadas, documentalmente, con archivos de unos 25 años de esta Asociación, que los ofrece a las autoridades si quieren comprobarlo.
Jose Luis Rodriguez Bau